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Declaración de XSUC - Socialismo 21:

El gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a un programa reformista moderado ha levantado esperanzas en una parte de la sociedad, escepticismos en otra parte, y la oposición montaraz del PP, Ciudadanos y VOX.

Sus primeras acciones de gobierno con la actualización del poder adquisitivo de las pensiones públicas y el aumento del salario mínimo de 900 euros a 950 euros/mes han confirmado la senda anunciada de mayor sensibilidad social.

Los próximos retos como la derogación de la contrarreforma laboral bajo el gobierno de Mariano Rajoy, la defensa y blindaje de los servicios públicos, las medidas efectivas para asegurar el acceso asequible a la vivienda y evitar los desahucios, la implantación del Ingreso mínimo vital en condiciones dignas, la actualización del IPREM, las medidas contempladas en políticas feministas, contra el cambio climático, para revertir la despoblación, etc., si se resuelven de manera plena y efectiva permitirán la recuperación de parte del bienestar social y de los derechos laborales perdidos bajo los últimos gobiernos.

Sin embargo, la plena reversión de los recortes sociales acumulados en los últimos años, particularmente la retrograda reforma de pensiones bajo Zapatero que retrasó la edad de jubilación a 67 años, la consecución del pleno empleo y acabar con la precariedad y pobreza laboral que exige la derogación de la legislación laboral acumulada en los últimos decenios y la reducción del tiempo de trabajo a 30 horas semanales sin disminuir el salario, revertir las privatizaciones en los servicios públicos y de los sectores energéticos, combatir la desigualdad rampante, avanzar hacia una banca pública, recuperar la soberanía alimentaria y la protección de la agricultura, etc., exigen medidas que no están contempladas, o tienen una redacción genérica e insuficiente, en el programa de gobierno de coalición.

Por otra parte, la obediencia a los objetivos de estabilidad presupuestaria, reducción del déficit y la deuda pública del Tratado europeo de Estabilidad presupuestaria, la no derogación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria (ley Montoro), el cumplimiento del regresivo artº 135 de la Constitución española, no permiten ser optimista sobre el cumplimiento real de gran parte del moderado programa de gobierno.  Si consideramos la perspectiva económica, ralentización del crecimiento y riesgos de pinchazo de las burbujas financieras, etc., se hace evidente la ausencia de instrumentos económicos para afrontar un nuevo escenario de crisis del sistema neoliberal, y la necesidad de recuperar los instrumentos de la soberanía económica, empezando por la derogación de la ley Montoro. En este sentido, las recientes declaraciones de la ministra Nadia Calviño cuestionando los elementos metodológicos del pacto de estabilidad y que no corresponden con la realidad económica española señalan el obstáculo a superar.

Los graves problemas acumulados en la economía española, la despoblación vinculada a la desindustrialización, a la degradación de las capacidades agrícolas, ganaderas y pesqueras, la pauperización del trabajo agrícola en beneficio de las multinacionales de la distribución y del comercio, la canalización de las ayudas europeas a los terratenientes, explican el malestar social y las recientes movilizaciones en las zonas agrícolas que finalmente llegan a las ciudades.

La frágil estabilidad del gobierno PSOE – Unidas Podemos

La estabilidad institucional del gobierno de coalición depende del apoyo de formaciones independentistas como ERC, que en 2019 precipitó elecciones anticipadas al rechazar un proyecto presupuestario de reformas progresistas. El anuncio de próximas elecciones a la Generalitat, y las crecientes tensiones en el bloque independentista por la hegemonía, abre una coyuntura incierta sobre la aprobación de los presupuestos en España y la continuidad del gobierno de coalición.  

Por otra parte, el ascenso del partido de ultraderecha VOX, que representa la reacción del nacionalismo español más conservador ante el independentismo, y un malestar social alimentado por diversos factores, condiciona el comportamiento político del PP y Ciudadanos, y también alimenta la inestabilidad política.

En estas condiciones, el gobierno de coalición debe de afrontar con voluntad de diálogo el conflicto territorial, ofreciendo soluciones políticas reales, construyendo un modelo de estado federal, social, solidario y democrático, capaz de suscitar un amplio apoyo social en Cataluña y en el resto del estado español.

Sin embargo, es en el eje social y económico donde el gobierno PSOE-Unidas Podemos se juega su futuro. Si cumple las reformas que contiene el programa, y afronta los retos sociales y económicos, recogiendo las principales reivindicaciones de los movimientos sociales, de Marea Pensionista, Marea Blanca, del Movimiento de las personas en paro, del movimiento en defensa de la educación pública, del movimiento ecologista, las reivindicaciones por la soberanía alimentaria, y recuperar los instrumentos para hacer efectiva la soberanía económica, y como consecuencia de todo ello se avanza en el bienestar y cohesión social, en los derechos laborales, y se reduce drásticamente la desigualdad, el apoyo social al gobierno de coalición PSOE – Unida Podemos se incrementará, y se debilitarán las causas de fondo que alimentan la demagogia independentista, y a la ultraderecha de VOX, reduciendo de manera importante su influencia.

Exijamos coherencia en la aplicación del programa del gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos en todos los ámbitos

El papel de los movimientos sociales es fundamental para hacer cumplir el programa de reformas, para que no se diluya el compromiso de derogar la contrarreforma aboral ante las presiones de los poderes económicos y de la patronal, en defensa de los servicios públicos, y que las reivindicaciones de los movimientos sociales sean recogidas por el gobierno del estado y se hagan realidad.

Pero la actividad y presión de los movimientos sociales no puede limitarse al ámbito del gobierno del estado. Los intentos de impedir, frenar, diluir el programa de reformas del gobierno de coalición no solo procede de los poderes económicos y de las fuerzas conservadoras del estado español. A través de las comunidades autónomas y ayuntamientos que controlan las fuerzas de derecha, tanto española, como independentista, se intenta boicotear las medidas avanzadas socialmente e imponer sus objetivos neoliberales, de privatizaciones y recorte o escaso gasto social.

En este sentido el proyecto de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2020 es contradictorio con la defensa del programa del gobierno de coalición, porque no supone una mejora significativa del gasto social en relación al presupuesto ejecutado en 2019, tampoco recoge la actualización obligada por ley del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña recortando de hecho numerosas prestaciones sociales, entre ellas la RGC, ayudas de vivienda, pobreza energética, etc.,  o limitando injustamente el acceso a las becas comedor de la infancia de familias vulnerables (a diferencia del programa de la coalición que se compromete a actualizar el IPREM), etc.

Llamamos a las/los activistas de la clase trabajadora y movimientos sociales, a su vanguardia a organizarse para articular una potente y persistente movilización por la plena derogación de la contrarreforma laboral, por el cumplimiento de las reformas de progreso social del gobierno PSOE-Unidas Podemos. Para rechazar al proyecto de presupuestos neoliberales del Gobierno de la Generalitat. Por la derogación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria (Ley Montoro). Por la recuperación de los instrumentos de soberanía económica.

Como demuestra el reciente rechazo en comisión parlamentaria a la Ley Aragonés, resultado de la amplia campaña unitaria contra esta ley privatizadora, o la reciente aprobación de la moción parlamentaria para actualizar el IRSC en los términos planteados por la Carta a los grupos parlamentarios suscrito por numerosos activistas sociales y promovida por la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, derrotar las políticas neoliberales y antisociales, o mejorar los derechos sociales, es posible.

Barcelona, febrero 2020

XARXA SOCIALISME 21